Internacional. El Gobierno de EE. UU. ha presentado una nueva estrategia migratoria que incorpora un sistema automatizado denominado “Trax”, diseñado para optimizar la identificación, seguimiento y posible deportación de migrantes indocumentados. La medida forma parte de un paquete más amplio que busca endurecer los controles fronterizos y agilizar los procesos de detención.
¿Qué es “Trax”?
“Trax” se describe como un sistema de IA que analiza datos migratorios, policiales, de fronteras y posiblemente otros registros para determinar personas que podrían estar en condición irregular o representar un riesgo según las nuevas políticas migratorias.
Se prevé que actúe de forma preventiva, buscando identificar y ubicar migrantes sin papeles, incluyendo alertas automáticas para agencias de aplicación migratoria.
Sin embargo, ante las pautas legales, mencionan que el uso de “Trax” vendrá acompañado de decretos que amplían la autoridad de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional para realizar detenciones.
Se intenta usar lenguaje como “invasión” para justificar la implementación de poderes extraordinarios. También se contempla involucrar recursos estatales y locales, así como colaboración militar bajo ciertos marcos legales, aunque eso ha generado cuestionamientos constitucionales.
No obstante, algunos grupos de derechos humanos advierten que “Trax” podría vulnerar garantías fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la privacidad.
Expertos legales alertan que la administración podría intentar usar leyes antiguas, como la Ley de Enemigos Extranjeros (1798), para justificar acciones más drásticas.
Estados y ciudades que se consideran “santuarios” han expresado su desacuerdo y estudian formas de limitar la cooperación con ICE. El uso de inteligencia artificial en políticas migratorias como “Trax” supone una frontera nueva: por un lado, promete mayor eficiencia para el Gobierno estadounidense; por otro, plantea riesgos reales para los derechos humanos, la privacidad y la justicia legal. Cómo y hasta dónde sea implementado dependerá tanto de lo que dicten las cortes como de la resistencia de comunidades y gobiernos locales.
Lic. Clelia. M. Rubí Bueso
Periodista
Prensa Libre Honduras
