La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso Nacional, presidida por el diputado Ariel Montoya, reafirma su firme compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la protección integral de los derechos humanos y ambientales.
En este marco, ha dado seguimiento atento a las legítimas preocupaciones expresadas por diversos sectores sociales y organizaciones ambientalistas respecto al Proyecto de Ley Especial para el Fomento de Inversiones mediante la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental.
“Somos plenamente conscientes de que esta propuesta genera inquietudes, especialmente a la luz de antecedentes legislativos que, en el pasado, resultaron lesivos para los recursos naturales y los derechos de las comunidades. Por ello, reiteramos con claridad: esta iniciativa busca dinamizar la economía y generar empleo, sin poner en riesgo, bajo ninguna circunstancia, la protección ambiental ni los derechos fundamentales de la ciudadanía”, manifestó Montoya.
En atención a las demandas sociales, la Comisión ha acordado incorporar al proyecto de ley las siguientes salvaguardas fundamentales:
1. Respeto de los pueblos originarios: Quedan expresamente excluidos del alcance de esta normativa los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes amparados por el Convenio 169 de la OIT, garantizando el pleno respeto a sus derechos ancestrales, territoriales y culturales.
2. Restricción a proyectos mineros: Los proyectos de carácter minero no podrán acogerse a los mecanismos de simplificación contemplados en esta ley. Su licenciamiento ambiental deberá mantenerse bajo criterios de evaluación rigurosos, responsables y acordes a su impacto potencial.
Desde el Congreso del Pueblo, esta Comisión reitera su disposición a un diálogo abierto, plural y técnico, con el objetivo de fortalecer esta propuesta legislativa en beneficio del bien común, la defensa de los territorios y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
“Reafirmamos nuestra determinación de proteger los bienes naturales de Honduras, promover procesos institucionales transparentes y participativos, y garantizar que ningún interés económico se imponga sobre la vida, los derechos de los pueblos y el equilibrio ecológico”, concluyó Montoya.
