- La mayoría de estos hechos fueron planificados para obtener dinero de familiares y solventar deudas o problemas económicos
Tegucigalpa. 11 de julio de 2026.– La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), en lo que va del presente año se han atendido ocho casos de autosecuestros o secuestros fingidos a nivel nacional, situaciones que han requerido la activación inmediata de equipos especializados y la aplicación de técnicas especiales de investigación para establecer la veracidad de las denuncias y garantizar la protección de las supuestas víctimas.
Cada denuncia por secuestro es tratada con la máxima prioridad debido a la gravedad de este delito. Por ello, al recibir un reporte, los investigadores de la UNAS ejecutan un protocolo especializado que incluye labores de inteligencia, análisis de información, rastreo tecnológico, entrevistas, verificación de indicios y coordinación con otras unidades policiales y entes de justicia, con el objetivo de ubicar a la víctima y capturar a los responsables.
Sin embargo, en ocho de los casos atendidos durante 2026, las investigaciones establecen que las denuncias corresponden a autosecuestros o secuestros fingidos, donde las supuestas víctimas planifican los hechos con el propósito de obtener dinero de sus familiares, parejas sentimentales o personas cercanas.
De acuerdo con los especialistas de la UNAS, el principal móvil identificado en este tipo de casos es la necesidad de obtener recursos económicos para pagar deudas personales, afrontar problemas financieros o financiar proyectos personales, utilizando el engaño y la presión emocional sobre sus familiares para conseguir importantes sumas de dinero.
Las investigaciones reflejan que la mayoría de los involucrados tienen edades que oscilan entre los 20 y 40 años de edad. No obstante, también se han registrado dos casos en los que participaron menores de edad.
Además del perjuicio económico ocasionado a las familias, este tipo de hechos obliga a movilizar personal altamente capacitado, equipo tecnológico, recursos logísticos y tiempo de investigación que podrían destinarse a la atención de secuestros reales y otros delitos de alta complejidad.
Estas conductas constituyen un delito tipificado en el artículo 529 del Código Penal de Honduras (Decreto N. 130-2017), referente a la Simulación de Infracción Inexistente, el cual establece que quien simule ser responsable o víctima de una infracción penal o denuncie un hecho inexistente provocando actuaciones de investigación por parte de las autoridades competentes podrá ser sancionado con una pena de seis (6) meses a dos (2) años de prisión, además de una multa de cien (100) a trescientos (300) días.
Asimismo, las personas involucradas quedan sujetas al proceso penal correspondiente y, conforme a la legislación vigente, únicamente podrán optar a mecanismos alternos como la Suspensión de la Persecución Penal cuando reúnan los requisitos establecidos por la ley y cumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial, entre ellas el pago de la multa correspondiente a favor de la Procuraduría General de la República (PGR).
La DPI hace un llamado a la ciudadanía a abstenerse de simular secuestros o denunciar hechos delictivos inexistentes, ya que estas acciones constituyen un delito y generan un importante desgaste de recursos humanos, técnicos y logísticos que deben destinarse a la atención de casos reales.
