Tegucigalpa, Honduras – 11 de junio de 2026. El Ministerio Público informó este jueves la presentación de un requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos contra el exoficial de policía Mario Guillermo Mejía Vargas, quien actualmente cumple una condena en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Según el comunicado emitido por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), las investigaciones financieras y patrimoniales determinaron que el imputado no logró justificar el origen lícito de 5,492,836 lempiras, recursos que presuntamente habrían sido obtenidos mediante actividades vinculadas al crimen organizado.
Las autoridades señalaron que el requerimiento fue presentado ante un Juzgado con Jurisdicción Nacional como resultado de una investigación desarrollada por fiscales especializados en coordinación con equipos técnicos, quienes analizaron el patrimonio y movimientos financieros del exfuncionario policial.
De acuerdo con el Ministerio Público, Mejía Vargas fue declarado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, tras investigaciones que evidenciaron su participación en estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.
El ente acusador también recordó que durante procesos judiciales realizados en territorio estadounidense, el exoficial admitió haber participado en planes criminales dirigidos contra el exdirector de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Julián Arístides González, un caso que forma parte de los antecedentes investigativos relacionados con organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.
Las autoridades indicaron que la acción judicial busca garantizar que los bienes y recursos de origen presuntamente ilícito sean perseguidos conforme a la ley, reafirmando el compromiso institucional de combatir el crimen organizado y las estructuras financieras que lo respaldan.
Finalmente, el Ministerio Público reiteró que la lucha contra el lavado de activos y la delincuencia organizada continúa siendo una prioridad para fortalecer el Estado de Derecho, combatir la impunidad y proteger los recursos públicos y privados de actividades ilegales.
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