Tegucigalpa, Honduras. Aunque Honduras cuenta con una estructura institucional orientada a promover la igualdad de género, los avances legales y normativos aún no se reflejan de manera significativa en la vida cotidiana de las mujeres, según revela el estudio “Derechos de las mujeres en disputa: una mirada feminista de la reconfiguración del Estado hondureño”, elaborado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD).

El informe analiza el papel que ocupan los derechos de las mujeres y la igualdad de género dentro de las prioridades actuales del Estado hondureño y concluye que, pese a la existencia de mecanismos como la Secretaría de la Mujer (SEMUJER), la Política Nacional de la Mujer, el III Plan de Igualdad y Justicia de Género y los presupuestos etiquetados para la equidad, estos avances formales no han generado transformaciones sustanciales en las condiciones de vida de las hondureñas.

La investigación forma parte del proyecto “Nosotras Construyendo Democracia: Ciudadanía Activa de las Mujeres”, impulsado por CESPAD, el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) y Oxfam Honduras, con el respaldo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Mediante una revisión documental basada en enfoques de género, derechos humanos e interseccionalidad, el estudio identifica avances, desafíos y tensiones en áreas clave como la institucionalidad de género, el presupuesto público, la violencia contra las mujeres, la educación, la participación política, la autonomía económica, el trabajo de cuidados y el acceso a recursos productivos.

Durante la presentación del documento, especialistas destacaron que las mujeres continúan enfrentando obstáculos para que sus demandas sean reconocidas como prioridades estratégicas dentro de la agenda nacional. Aspectos como la participación política efectiva, la redistribución de las tareas de cuidado y la autonomía económica siguen ocupando un lugar secundario frente a otros temas considerados centrales para el desarrollo del país.

El informe también señala que muchas políticas públicas relacionadas con seguridad, inversión y economía carecen de un enfoque de género diferenciado, limitando así la capacidad del Estado para responder de manera efectiva a las necesidades y desafíos específicos que enfrentan las mujeres.

Asimismo, el análisis advierte sobre la permanencia de estructuras de poder predominantemente masculinas que influyen en la definición de prioridades públicas, la asignación de recursos y la construcción de respuestas institucionales. En ese sentido, sostiene que la presencia de mujeres en espacios de toma de decisiones resulta insuficiente si no está acompañada de una participación real e influyente en las decisiones estratégicas del país.

Uno de los puntos más relevantes del estudio es la situación de la violencia contra las mujeres, considerada una de las principales deudas pendientes del Estado hondureño. Aunque se reconocen avances recientes en materia legislativa, como reformas al Código Penal y a la Ley Contra la Violencia Doméstica, el informe subraya la necesidad de fortalecer políticas integrales enfocadas en la prevención, protección, acceso a la justicia y reparación para las víctimas.

Con esta publicación, CESPAD busca contribuir al debate público y promover una reflexión profunda sobre los retos que enfrenta Honduras para alcanzar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. La organización enfatiza que los derechos de las mujeres deben ocupar un lugar central en las prioridades nacionales y no continuar siendo considerados asuntos secundarios dentro de la agenda pública.

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