El juicio oral y público llegó a la etapa final de conclusiones. Tres ciudadanos estadounidenses y un hondureño conocerán el fallo judicial el próximo 9 de noviembre, a la 1:30 de la tarde. Las defensas solicitaron una sentencia absolutoria.
Tegucigalpa, Honduras | Viernes 23 de octubre de 2026. — El proceso judicial relacionado con la desaparición de la joven hondureña Angie Peña, ocurrida en Roatán, departamento de Islas de la Bahía, entró en una etapa decisiva luego de que concluyera la presentación de alegatos finales en el juicio oral y público seguido contra cuatro personas acusadas por el Ministerio Público.
De acuerdo con la información proporcionada sobre el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Sentencia que emita un fallo condenatorio contra los cuatro imputados por los delitos de trata de personas en la modalidad de renta y asociación para delinquir.
Por su parte, los equipos de defensa técnica privada solicitaron que sus representados sean absueltos, al considerar que corresponde dictar un fallo favorable a sus intereses conforme a la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio.
La resolución será anunciada el próximo 9 de noviembre de 2026, a la 1:30 de la tarde.
Cuatro acusados esperan resolución judicial
Los ciudadanos sometidos a este proceso penal son:
- Gary Lee Johnston, ciudadano estadounidense.
- Harold Joseph Krip, ciudadano estadounidense.
- James Murdo, ciudadano estadounidense.
- Ramón Trejo Nájera, ciudadano hondureño.
Según lo expuesto durante la etapa de conclusiones, el Ministerio Público ratificó las acusaciones contra los cuatro procesados por los delitos antes mencionados.
La Fiscalía sostiene su petición de responsabilidad penal con base en los medios de prueba incorporados durante el juicio oral y público.
No obstante, será el tribunal competente el encargado de determinar si las pruebas presentadas permiten establecer la responsabilidad penal de los acusados o si corresponde emitir una resolución absolutoria.
Hasta que exista una sentencia firme, los cuatro ciudadanos mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
Ministerio Público solicita fallo condenatorio
Durante la jornada del viernes, los representantes del Ministerio Público expusieron sus conclusiones ante el órgano jurisdiccional, ratificando la acusación formulada contra los procesados.
La petición del ente acusador consiste en que los jueces declaren la responsabilidad penal de los cuatro ciudadanos por los delitos de trata de personas en la modalidad de renta y asociación para delinquir.
Esta solicitud se produce después de la evacuación de los medios probatorios y de las distintas actuaciones desarrolladas durante el debate judicial.
La Fiscalía considera que los elementos presentados sustentan su acusación, aunque la determinación final corresponde exclusivamente al tribunal.
Defensas solicitan absolución de los cuatro imputados
En contraste con la posición del Ministerio Público, los abogados defensores solicitaron un fallo absolutorio para sus representados.
Las defensas expusieron sus argumentos finales con base en la interpretación de las pruebas presentadas y las disposiciones legales aplicables al proceso.
De esta manera, el tribunal deberá valorar tanto los planteamientos de la acusación como los argumentos de las defensas antes de anunciar su decisión.
La existencia de una acusación penal no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad.
Tribunal anunciará el fallo el 9 de noviembre
La resolución estará a cargo de la terna de jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
De acuerdo con la información judicial proporcionada, la lectura del fallo está programada para el lunes 9 de noviembre, a la 1:30 de la tarde.
En esa audiencia se conocerá si el tribunal declara la responsabilidad penal de los cuatro acusados o determina su absolución.
La decisión se fundamentará en las pruebas evacuadas durante el debate y en la valoración jurídica realizada por los integrantes del tribunal.
Juicio se desarrolló bajo reserva
Uno de los aspectos particulares del proceso es que el juicio oral y público se desarrolló bajo una condición de reserva o secretividad solicitada por el Ministerio Público.
Esta medida limitó el acceso público a las actuaciones y al contenido de las audiencias.
Sin embargo, según la información divulgada, la audiencia de lectura del fallo del 9 de noviembre permitirá el ingreso de periodistas y de otras personas interesadas, conforme a las disposiciones del órgano jurisdiccional.
La apertura de esta etapa permitirá conocer públicamente la decisión adoptada por los jueces después de analizar los argumentos y elementos probatorios del proceso.
Desaparición de Angie Peña: un caso que continúa pendiente de esclarecimiento
El proceso judicial está vinculado con las investigaciones desarrolladas a raíz de la desaparición de Angie Peña en Roatán, Islas de la Bahía.
El caso ha generado atención pública debido a las circunstancias de la desaparición y a las actuaciones investigativas emprendidas por las autoridades hondureñas.
Sin embargo, es importante distinguir entre las acusaciones que se debaten en este juicio y el esclarecimiento definitivo de lo ocurrido con la joven.
La información proporcionada sobre las conclusiones judiciales no establece que el tribunal haya determinado el paradero de Angie Peña ni que exista una declaración de culpabilidad contra los procesados.
Expectativa por la decisión judicial
Concluida la etapa de conclusiones, el proceso queda a la espera de la resolución que emitirá el Tribunal de Sentencia.
El fallo constituirá un momento relevante dentro de las actuaciones judiciales relacionadas con este caso, aunque su contenido dependerá de la valoración independiente de los jueces.
De emitirse una resolución condenatoria o absolutoria, las partes podrán ejercer los recursos que correspondan conforme a la legislación hondureña.
La atención estará centrada en el próximo 9 de noviembre, cuando se conocerá la decisión judicial sobre los cuatro ciudadanos acusados por el Ministerio Público.
