La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado de Honduras a una audiencia pública que se llevará a cabo el próximo 5 de agosto en Washington, D.C., con el propósito de evaluar los cuestionamientos relacionados con la independencia judicial, la separación de poderes y el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de administración de justicia.
La convocatoria se produce luego de los acontecimientos derivados del juicio político y la destitución de Johel Zelaya, Marlon Ochoa y Mario Morazán, hechos que reactivaron el debate nacional sobre la autonomía de las instituciones de justicia, el debido proceso y las obligaciones asumidas por Honduras dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
De acuerdo con la CIDH, el 10 de abril de 2026 el organismo activó el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mediante el cual solicitó formalmente al Estado hondureño información sobre las medidas adoptadas para reformar la legislación relacionada con el juicio político.
La Comisión considera que el mecanismo actualmente vigente presenta observaciones respecto a su compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos, por lo que requirió información oficial sobre las acciones impulsadas para atender dichas preocupaciones.
Asimismo, la CIDH informó que el 8 de junio de 2026 notificó oficialmente al Gobierno de Honduras sobre este procedimiento. Durante la audiencia pública, el Estado hondureño tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos, explicar las medidas adoptadas y entregar la documentación que considere pertinente para responder a los señalamientos del organismo internacional.
La audiencia será un espacio para que la CIDH conozca las posiciones de las partes involucradas y continúe evaluando el cumplimiento de los compromisos internacionales de Honduras en materia de independencia judicial, separación de poderes y protección de los derechos humanos.
