Tegucigalpa, Honduras. La Comisión Técnica Liquidadora presentó este jueves su primer informe público sobre el proceso de supresión, liquidación y adscripción de diversas instituciones estatales, revelando una serie de hallazgos que, según sus integrantes, deberán ser investigados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público.
Durante una conferencia de prensa realizada en el Salón Morazán de Casa Presidencial, el coordinador de la comisión, Ángel Antonio Mendoza, acompañado por los demás comisionados, detalló los avances obtenidos en la ejecución del Decreto PCM 04-2026, así como los resultados preliminares de las auditorías administrativas y financieras realizadas en las entidades intervenidas.
Entre los principales datos expuestos figura el pago de prestaciones laborales por un monto superior a los 126.4 millones de lempiras, mientras que aún permanece pendiente el desembolso de aproximadamente 5.4 millones de lempiras correspondientes a obligaciones laborales en proceso de cierre.
Asimismo, la comisión informó que la cancelación de contratos de arrendamiento permitirá generar un ahorro estimado de 2.9 millones de lempiras mensuales, cifra que representa más de 35 millones de lempiras anuales para el Estado.
Hallazgos bajo investigación
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la presentación fue la exposición de presuntas irregularidades detectadas en varias instituciones públicas.
Según el informe, se identificaron indicios del uso de recursos estatales para actividades con posibles fines político-partidarios, incluyendo gastos relacionados con alimentación, material promocional y servicios de difusión. Además, se detectó la permanencia en planillas de personal cuya prestación efectiva de servicios no ha podido ser acreditada documentalmente.
La comisión también denunció la desaparición de memorias digitales, discos duros y otros dispositivos de almacenamiento pertenecientes a instituciones intervenidas. Los comisionados señalaron que la preocupación no radica únicamente en la pérdida física de los equipos, sino en la información pública contenida en ellos, cuyo paradero actualmente se desconoce.
Ante esta situación, anunciaron que promoverán las denuncias correspondientes para determinar responsabilidades administrativas o penales.
Otro de los hallazgos expuestos corresponde a contratos de comunicación y transmisión, donde se encontraron registros de facturación con costos que alcanzarían aproximadamente los 70 mil lempiras por minuto de transmisión. La documentación será sometida a auditorías técnicas y financieras para determinar si existió una afectación al patrimonio estatal.
Proyectos culturales y obras públicas bajo revisión
Dentro de las entidades evaluadas figura la Dirección General de Cinematografía, institución que administra más de 60 millones de lempiras anuales destinados a proyectos culturales. La comisión indicó que se realizará una revisión exhaustiva para determinar la relación entre la inversión ejecutada y los beneficios obtenidos por la ciudadanía.
De igual manera, el Instituto de la Memoria fue señalado por presentar escasa evidencia de funcionamiento operativo al momento de la intervención, situación que también será objeto de análisis.
En el área de infraestructura, los comisionados expresaron preocupación por el proyecto de construcción del Hospital Neonatal de Occidente. De acuerdo con documentación emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, la obra registra un avance físico del 27 por ciento, pese a que los desembolsos estatales ya superan los 118 millones de lempiras.
Además, señalaron que parte del equipo biomédico adquirido permanece almacenado mientras las garantías continúan vigentes, lo que podría generar riesgos financieros y comprometer la elegibilidad de financiamiento internacional vinculada al proyecto.
Redistribución de bienes y reducción del gasto público
La Comisión Técnica Liquidadora informó también que ha concretado la transferencia de 5,083 bienes estatales valorados en más de 38.6 millones de lempiras hacia otras instituciones gubernamentales.
Según sus autoridades, estas acciones buscan optimizar el uso de los recursos públicos, reducir gastos innecesarios y fortalecer áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional, especialmente los sectores de salud y educación.
Los comisionados reiteraron que los hallazgos presentados constituyen información preliminar y que corresponderá a las entidades fiscalizadoras y de investigación determinar la existencia o no de responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de los hechos señalados en el informe.
