Tegucigalpa, Honduras.05 de mayo del 2026. La Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó un fallo condenatorio contra 15 mujeres, encontradas culpables de múltiples delitos vinculados a la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario Nacional Femenino de Adaptación Social (PNFAS).
Las sentenciadas son: Claudia María Lemus Aceituno, Cherry Berlinguevara, Karen Lorena Ávila Pavón, Susana Codoy Leyva, Lesbia Ordina Rodríguez Orellana, Heidi Jacqueline Palma Rivera, Kenia Patricia Salinas Rivera, Francis Margarita Chavarría Ávila, María del Carmen Contreras Casillo, Annie Dayan Barahona Mejía, Leila Rosmery Figueroa Pavón, Lourdes Eloisa Barrientos Turcio, Rosa Berta Mayurkin, María Cristina Calix Salinas y Demia Jacqueline Maradiaga Flores.
De acuerdo con la resolución judicial, todas fueron declaradas coautoras de 46 delitos de asesinato, en perjuicio de igual número de privadas de libertad, imponiéndoles una pena de 20 años de prisión por cada delito, lo que suma un total de 920 años de cárcel, en aplicación del concurso real de delitos.
Asimismo, el tribunal las condenó como coautoras de cuatro delitos de asesinato en su grado de tentativa inacabada, en perjuicio de cuatro víctimas, imponiéndoles 13 años de prisión por estos hechos.
Otros delitos y penas
Además, las procesadas fueron halladas culpables de otros delitos relacionados con la estructura criminal que operaba dentro del centro penitenciario:
- Asociación para delinquir: 6 años de prisión
- Incendio cualificado: 15 años de prisión
- Porte de arma de fuego de uso comercial: 1 año de prisión, más 1 año de localización permanente como pena accesoria
- Porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido: 4 años de prisión
Un fallo histórico
Este fallo representa una de las sentencias más contundentes en la historia reciente del país en materia de criminalidad organizada dentro del sistema penitenciario, evidenciando la gravedad de los hechos ocurridos en el PNFAS.
Las autoridades judiciales señalaron que la condena busca sentar un precedente en la lucha contra la violencia carcelaria y garantizar justicia para las víctimas.
