Según la información legislativa proporcionada, la normativa eleva las penas por terrorismo a entre 30 y 40 años de cárcel y contempla prisión de por vida para cabecillas y personas que recluten menores de edad.
Tegucigalpa, Honduras. 28 de octubre del 2026._ El Congreso Nacional aprobó este martes, en un único debate, la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, orientada a reforzar la investigación criminal, la persecución penal y el control penitenciario.
La aprobación se produjo tras una moción de dispensa de dos debates presentada por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, durante una sesión acompañada por representantes de las instituciones de seguridad, justicia y del sistema penitenciario.
De acuerdo con lo expuesto durante la discusión, la normativa contempla aumentar las penas por terrorismo, actualmente descritas en el reporte como de 15 a 20 años, a un rango de 30 a 40 años de prisión. Asimismo, establece la posibilidad de prisión de por vida para cabecillas y para quienes recluten menores de edad con el propósito de incorporarlos a estas estructuras criminales.
Cambios en los procedimientos penales
Entre las medidas anunciadas figura la ampliación de 24 a 48 horas del plazo para presentar el requerimiento fiscal después de una detención, con el objetivo, según la explicación legislativa, de permitir que la acusación cuente con suficientes elementos probatorios.
También se contemplan allanamientos dentro de operaciones interinstitucionales, mediante la coordinación de los lugares y objetivos de las intervenciones. Zambrano sostuvo que estas actuaciones deberán estar dirigidas contra estructuras criminales y responder a operaciones planificadas.
Según lo explicado en la sesión, las personas condenadas por terrorismo no podrán acceder a beneficios como libertad condicional o preliberación y deberán cumplir la totalidad de la pena impuesta.
El dictamen incluye, además, disposiciones para reforzar las condiciones de máxima seguridad en los centros penitenciarios, eliminar símbolos alusivos a maras y pandillas en barrios y colonias e incorporar una figura denominada “casa segura”, relacionada con situaciones de legítima defensa dentro de la vivienda.
Asimismo, contempla sanciones vinculadas con ataques contra integrantes de las instituciones de seguridad y justicia.
Instituciones anuncian coordinación para su aplicación
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, manifestó que las disposiciones constituyen herramientas para fortalecer la prevención y persecución del delito. También expresó el compromiso de aplicar la normativa mediante protocolos de actuación coordinada y evitar malas prácticas.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía, Kilvett Bertrand, explicó que el dictamen fue trabajado junto con la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, con participación de representantes de la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
Bertrand señaló que las reformas buscan enfrentar delitos como la extorsión y recuperar la tranquilidad de la población.
El presidente de la Comisión de Seguridad, Marcos Paz, pidió el respaldo de los diputados y destacó la necesidad de brindar protección legal a los agentes que participan en las operaciones. Durante su intervención también reconoció a los integrantes de las fuerzas de seguridad fallecidos en el cumplimiento del deber.
Legislativo solicitará informes de resultados
Zambrano afirmó que esta constituye la cuarta reforma en materia de seguridad aprobada durante el actual período legislativo y anunció que se solicitarán informes sobre los resultados de su aplicación.
“El pueblo hondureño merece vivir sin miedo”, expresó el presidente del Congreso, al señalar que las nuevas herramientas deberán traducirse en resultados concretos para la población.
La información proporcionada no precisa el número de decreto, su publicación en el diario oficial La Gaceta ni la fecha de entrada en vigor. El alcance definitivo de las disposiciones deberá establecerse a partir del texto oficial.
