Tegucigalpa, Francisco Morazán.– El Congreso Nacional aprobó un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, impulsadas por el Gobierno del presidente Nasry Asfura a través de la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de fortalecer las herramientas del Estado en la lucha contra la extorsión, las maras, el terrorismo criminal y las estructuras delictivas que operan en el país.
Las nuevas disposiciones buscan ampliar las capacidades legales, operativas, tecnológicas y de inteligencia para enfrentar delitos relacionados con extorsión, crimen organizado, tráfico de armas, narcotráfico y control territorial ejercido por grupos criminales.
Entre los cambios más relevantes destaca el aumento de las penas por extorsión, que pasarán de 10 a 15 años de prisión a un rango de 15 a 20 años. Asimismo, se mantiene la figura de prisión perpetua cuando el delito derive en la muerte de una persona.
Las reformas también amplían las modalidades del delito de extorsión, incluyendo amenazas directas o indirectas, uso de medios electrónicos, operaciones coordinadas desde el extranjero, transacciones financieras ilícitas y participación de estructuras criminales organizadas.
Además, se incorporan nuevas agravantes, entre ellas:
- Provocar el cierre temporal o definitivo de negocios.
- Utilizar menores de edad.
- Suplantar autoridades policiales o militares.
- Ejecutar extorsiones desde el extranjero.
- Aprovechar vínculos familiares, laborales o de confianza para cometer el delito.
Investigaciones sin necesidad de denuncia
Uno de los aspectos centrales de la reforma establece que la extorsión será considerada un delito de acción pública, permitiendo que el Ministerio Público y demás autoridades puedan iniciar investigaciones y procesos penales aun cuando las víctimas no interpongan una denuncia formal.
Según el Gobierno, esta medida busca responder al temor y las represalias que enfrentan muchos ciudadanos al denunciar a estructuras criminales.
Maras y pandillas bajo figura de terrorismo
El nuevo marco legal amplía la definición de asociación terrorista e incorpora elementos vinculados a violencia sistemática, intimidación colectiva, control territorial y coerción sobre comunidades y sectores económicos.
Las reformas incluyen expresamente a maras, pandillas y estructuras transnacionales ligadas al narcotráfico dentro de las organizaciones susceptibles de ser consideradas terroristas, conforme a las determinaciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Asimismo, se consideran finalidades terroristas:
- Generar terror en la población.
- Controlar territorios.
- Obtener recursos ilícitos.
- Obligar a autoridades nacionales o internacionales a actuar bajo intimidación o violencia.
Crean Agencia Nacional Contra el Crimen
El decreto también contempla la creación de la Agencia Nacional Contra el Crimen, una entidad coordinada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encargada de integrar y coordinar acciones estratégicas entre instituciones de seguridad, inteligencia e investigación criminal.
La nueva estructura permitirá centralizar información relacionada con registros telefónicos, movimientos financieros, datos bancarios y billeteras electrónicas vinculadas a investigaciones criminales.
Información en tiempo real
Las reformas obligan a empresas de telecomunicaciones, plataformas tecnológicas y entidades financieras a suministrar información requerida por las autoridades judiciales dentro de plazos establecidos por ley.
La normativa fija:
- Hasta 24 horas para información relacionada con intervenciones de comunicaciones.
- 10 días hábiles para sistemas financieros.
- Entrega inmediata o en tiempo real en investigaciones vinculadas a redes tecnológicas.
Además, dichas empresas deberán habilitar unidades permanentes de atención, incluso en días y horarios inhábiles.
Modernización del sistema penitenciario
El paquete de reformas declara de interés público y seguridad nacional la ampliación y modernización del sistema penitenciario hondureño.
El Instituto Nacional Penitenciario estará facultado para realizar contrataciones directas destinadas al diseño, construcción y equipamiento de nuevos centros penales, mientras que la Secretaría de Finanzas podrá gestionar préstamos, fondos especiales y emisión de bonos para fortalecer la infraestructura carcelaria.
Las autoridades sostienen que las reformas buscan fortalecer la capacidad del Estado para combatir las estructuras criminales y mejorar la seguridad de la población hondureña.
