Los integrantes del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad comparecieron este martes en Casa Presidencial para informar sobre los alcances de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, publicadas en las últimas horas en el diario oficial La Gaceta, orientadas a fortalecer la respuesta del Estado frente a las maras, pandillas, asociaciones terroristas y otras estructuras de criminalidad organizada.
En representación del presidente de la República, Nasry Asfura, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, destacó la coordinación entre las instituciones del Estado y el compromiso de fortalecer las condiciones de seguridad, orden y tranquilidad para la población hondureña.
García agradeció al presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, y a los diputados de las diferentes bancadas por la aprobación del paquete de reformas, que contempla el endurecimiento de las penas contra las asociaciones terroristas, mecanismos para facilitar la persecución penal y controles más rigurosos en los centros penitenciarios, especialmente mediante el régimen de máxima seguridad.
El funcionario señaló que el Gobierno trabaja en dotar a los operadores de seguridad y justicia de herramientas tecnológicas, para desarrollar sus funciones, incluyendo equipo de alta tecnología y recursos tácticos que contribuyan al cumplimiento de sus responsabilidades.
Endurecimiento de las penas para sus cabecillas
Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, explicó algunos de los cambios contemplados en las disposiciones aprobadas y destacó que estas buscan fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de combatir las estructuras criminales.
Entre los aspectos que mencionó figura la ampliación de 24 a 48 horas del plazo para presentar requerimientos fiscales en los casos comprendidos por la reforma, así como nuevas disposiciones para realizar allanamientos sin orden judicial previa bajo determinados supuestos, con acompañamiento del Ministerio Público y coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia.
Zambrano también se refirió a las disposiciones relacionadas con la identificación de integrantes de estructuras criminales mediante elementos de simbología alusiva a estos grupos, así como al endurecimiento de las penas para sus cabecillas y para quienes utilicen a menores de edad en sus actividades delictivas.
Sobre las sanciones, el titular del Legislativo señaló que las penas pueden alcanzar los 40 años de prisión y la privación de libertad de por vida para determinados responsables, de acuerdo con las conductas y circunstancias contempladas en la normativa.
El presidente del Congreso manifestó que el Poder Legislativo continuará proporcionando herramientas legales a las instituciones responsables de la seguridad y la justicia, y señaló que la aplicación de las nuevas disposiciones deberá traducirse en resultados dentro del marco de la ley.
Fortalecimiento de la seguridad jurídica para atraer inversión nacional
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, destacó que la publicación de las reformas representa la incorporación de nuevas disposiciones al marco jurídico nacional, cuya aplicación corresponde a los órganos jurisdiccionales conforme a sus atribuciones.
“Una vez siendo la ley positiva y vigente, no quedará más que aplicarla”, expresó Vallecillo, al recordar que la función constitucional del Poder Judicial es juzgar y ejecutar lo juzgado.
El titular de la Corte Suprema también vinculó el fortalecimiento de la seguridad jurídica con la generación de condiciones para atraer inversión nacional e internacional, al considerar que la paz y la tranquilidad son elementos importantes para el desarrollo del país.
En su intervención, el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes, manifestó que las reformas fortalecen el marco jurídico hondureño para hacer frente a la criminalidad organizada, las maras y las pandillas.
Reyes reiteró que el Ministerio Público asumirá la dirección y coordinación de las investigaciones junto con las diferentes fuerzas de seguridad, con el propósito de investigar los hechos delictivos contemplados en las nuevas disposiciones, ejercer la persecución penal y poner a los responsables a disposición de los tribunales competentes.
Recuperación del Estado de derecho
Asimismo, señaló que la recuperación del Estado de derecho requiere el trabajo conjunto de las instituciones y la colaboración de la ciudadanía, para avanzar en la aplicación de la ley y el combate a las estructuras criminales.
La comparecencia reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como del Ministerio Público y las instituciones de seguridad y defensa, en una exposición conjunta sobre las nuevas disposiciones legales y las responsabilidades institucionales para su aplicación.
Con la publicación de las reformas en el diario oficial La Gaceta, las autoridades expusieron el marco jurídico que regirá las nuevas actuaciones del Estado frente a las estructuras criminales, bajo las competencias y procedimientos establecidos en la legislación hondureña.
