

El Gobierno del presidente Nasry Asfura aprobó un decreto ejecutivo PCM orientado a hacer una declaratoria de emergencia ambiental por 36 meses para proteger y recuperar la Reserva del Hombre y Biósfera del Río Plátano, uno de los principales patrimonios naturales de Honduras y Patrimonio de la Humanidad.
La medida, aprobada en el Consejo de Ministros, contempla una inversión de mil 500 millones de lempiras para el período 2027-2029.

El decreto está orientado a frenar la deforestación, el avance de la ganadería ilícita y otras actividades que han deteriorado la reserva.

El secretario de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Juan Carlos Ramos, explicó este miércoles en conferencia de prensa en Casa Presidencial que la intervención se ejecutará en 11 “puntos verdes” localizados en las zonas núcleo, de amortiguamiento y cultural de la biósfera.
La estrategia busca fortalecer la presencia del Estado, proteger los bosques y garantizar mejores condiciones de vida para las comunidades indígenas y locales.
Acciones coordinadas
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF) coordinarán las acciones de protección, conservación y recuperación del territorio.
Los Batallones Verdes de Sedena participarán en el control de talas ilegales, invasiones y actividades del crimen organizado.
Ramos detalló que la intervención incluirá campamentos para los Batallones Verdes, cámaras trampa, monitoreo de biodiversidad y planes de recuperación de las zonas afectadas.
La meta, indicó, es dejar la reserva en mejores condiciones al término de los 36 meses.

Patrimonio en riesgo
El funcionario advirtió que, de no intervenir de inmediato, Honduras podría perder la categoría de Reserva de Biósfera, debido al deterioro acumulado por años de abandono institucional.

Por ello, el Gobierno del presidente Asfura decidió tomar medidas excepcionales para preservar este patrimonio natural, que pertenece a Honduras, pero también a la humanidad.
La declaratoria entrará en vigor tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, momento desde el cual iniciarán las operaciones de campo y la ejecución de los proyectos de conservación.





