Tegucigalpa, Honduras, 10 de noviembre de 2026.— La suspensión temporal de la orden de captura contra Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, venció sin que el imputado compareciera voluntariamente ante los tribunales, según la información judicial proporcionada.
La medida había sido concedida por cinco días para facilitar su presentación. Ante el vencimiento, la defensa solicitó una ampliación del plazo, petición que permanece bajo análisis del juez que conoce la causa. Reportes publicados este martes también dan cuenta del vencimiento y de las gestiones para extender la suspensión.
Molina enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de lavado de activos, fraude y abuso de autoridad, relacionados con irregularidades en la adquisición de materiales para emitir licencias de conducir.
EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
El Ministerio Público informó el 18 de agosto de 2025 sobre la presentación de un requerimiento fiscal contra Molina y Liana María Mayorga Castillo, gerente de Plasticards S. A.
La investigación se centra en un contrato adjudicado en diciembre de 2021 para adquirir 480,000 tarjetas de PVC. Según la Fiscalía, la empresa tenía apenas dos meses de haberse constituido y, aunque se reportó el ingreso de la totalidad del material, únicamente habrían llegado al país 258,000 tarjetas.
El ente acusador sostiene que el 22 de enero de 2022 se efectuó un pago de aproximadamente 18.5 millones de lempiras a Plasticards y que, tres días después, su gerente habría transferido unos 17 millones a Inversiones MyM, vinculada a Molina. La Fiscalía señala que el cargo del entonces coordinador le impedía contratar con el Estado. Estas afirmaciones forman parte de la acusación fiscal.
ASEGURAMIENTO DE PROPIEDADES Y CUENTAS
Como parte de las actuaciones posteriores, el Ministerio Público anunció el 21 de octubre de 2025 la incautación de propiedades y otros activos relacionados con Molina.
La institución detalló el aseguramiento de una vivienda en Lomas del Guijarro, Tegucigalpa; tres propiedades en el sector de Zacate Grande, Amapala, Valle; y 19 cuentas bancarias. También informó medidas sobre Inversiones MyM y bienes muebles, entre ellos motocicletas y embarcaciones. La administración y custodia de los activos quedó a cargo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), conforme a la resolución judicial.
PENDIENTE DECISIÓN SOBRE LA PRÓRROGA
La resolución que adopte el juzgado determinará si concede un nuevo período para la comparecencia voluntaria del exfuncionario. Hasta la información disponible para esta nota, no se ha confirmado una decisión sobre esa solicitud.
El proceso penal continúa y las acusaciones deberán ser examinadas por los tribunales. La suspensión temporal de una orden de captura no equivale a una absolución ni resuelve la responsabilidad penal del imputado.
