Tegucigalpa, Honduras, jueves 12 de noviembre de 2026.— El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, atribuyó el cierre de la querella presentada en su contra por Cossette López al abandono de la acción judicial y rechazó que la resolución sea utilizada para destacar el funcionamiento de la justicia hondureña.
“La querella de Cossette López murió porque ella misma la abandonó”, expresó Ochoa en el pronunciamiento compartido, en el que también lanzó críticas contra el Gobierno y las autoridades políticas del país.
El tribunal declaró el desistimiento tácito de la acción privada por presuntos delitos de revelación de secretos y calumnias, al considerar que el procedimiento permaneció paralizado durante más de tres meses por inactividad de la parte querellante. La decisión respondió a una solicitud presentada por la defensa de Ochoa.
Pese al fallo favorable, Ochoa sostuvo que persiste una supuesta influencia política sobre la justicia. En sus declaraciones señaló a Nasry Asfura, Tomás Zambrano y Jorge Cálix, a quienes atribuyó responsabilidad en lo que considera un sistema de persecución contra la oposición.
“Les ruego no usen mi nombre para lavarle la cara a un sistema”, manifestó el exfuncionario electoral.
Como parte de sus cuestionamientos, mencionó actuaciones judiciales relacionadas con Juan Orlando Hernández, un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y denuncias electorales contra Ana Paola Hall y Cossette López. También aludió a la muerte bajo custodia de una persona requerida por Estados Unidos. Estas referencias corresponden a señalamientos de Ochoa y no constituyen, por sí mismas, hechos acreditados ni conclusiones judiciales sobre las responsabilidades que plantea.
López rechaza supuesto abandono
Por su parte, Cossette López cuestionó la decisión y anunció que su representación legal presentaría un recurso para impugnarla. Aseguró que su defensa había presentado un escrito el 8 de septiembre de 2026 que permanecía pendiente de resolución, por lo que atribuyó la inactividad al propio tribunal.
El cierre de la querella se fundamentó en una consideración procesal sobre la continuidad de la acción privada. Por tanto, no debe interpretarse como una resolución que confirme las acusaciones políticas formuladas por alguna de las partes.
